Hacienda prevé retrasar nuevamente la aplicación de VERI*FACTU para autónomos y empresas y coordinar su implantación con la factura electrónica obligatoria.

La entrada en vigor de VERIFACTU volverá a retrasarse. El Ministerio de Hacienda ha anunciado que prevé aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes relacionadas con los sistemas informáticos de facturación, con el objetivo de hacer coincidir su implantación con la nueva factura electrónica obligatoria para empresas y profesionales.

El anuncio supone un nuevo cambio en el calendario que afecta especialmente a autónomos, pymes y empresas que utilizan programas informáticos para emitir sus facturas.

VERIFACTU se retrasa de nuevo

El sistema VERIFACTU forma parte de la normativa que establece nuevos requisitos para los programas y sistemas informáticos utilizados en los procesos de facturación.

Su finalidad es reforzar la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, dificultando que las operaciones puedan modificarse, eliminarse u ocultarse posteriormente.

Hasta ahora, después de los sucesivos aplazamientos, estaba previsto que los sistemas informáticos de facturación tuvieran que estar adaptados en 2027: el 1 de enero para las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio para el resto de empresas y autónomos afectados.

Ahora Hacienda plantea trasladar las obligaciones pendientes hasta octubre de 2028.

¿Por qué se vuelve a retrasar?

La decisión responde principalmente a la intención de coordinar VERIFACTU con la factura electrónica obligatoria.

Según ha comunicado el Ministerio de Hacienda, se pretende que ambos sistemas avancen de forma coordinada tanto desde el punto de vista normativo como técnico. De esta forma, autónomos y empresas podrán afrontar los cambios relacionados con la facturación de manera más conjunta, evitando tener que adaptar sus sistemas en diferentes momentos.

El nuevo calendario también pretende tener en cuenta los futuros requisitos europeos de información digital derivados de la normativa ViDA, con el objetivo de evitar nuevas modificaciones de los sistemas de facturación en un periodo reducido de tiempo.

¿Qué supone para autónomos y empresas?

El nuevo aplazamiento supone, en la práctica, más tiempo para adaptar los programas y sistemas de facturación.

Los autónomos y empresas dispondrán de un margen mayor para comprobar que sus programas cumplen los requisitos exigidos y para organizar la transición hacia los nuevos sistemas de facturación.

No obstante, el retraso no significa que desaparezcan las obligaciones previstas. Hacienda mantiene que los requisitos relacionados con la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación continuarán siendo exigibles en términos sustancialmente equivalentes.

Por tanto, las empresas deberán seguir prestando atención a la adaptación de sus sistemas de facturación, aunque dispongan de más tiempo para hacerlo.

¿Cuándo será obligatorio VERIFACTU?

Con el anuncio realizado por Hacienda, la intención es que las obligaciones pendientes del Reglamento de sistemas informáticos de facturación se apliquen a partir de octubre de 2028, coincidiendo con la factura electrónica obligatoria para empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros.

Conviene, no obstante, diferenciar entre el anuncio del aplazamiento y la aprobación definitiva de la modificación normativa. La propia Agencia Tributaria lo presenta actualmente como una previsión de ampliación del plazo, por lo que habrá que estar atentos a la correspondiente modificación legal que concrete definitivamente el nuevo calendario.

Más tiempo, pero no para olvidarse de la adaptación

El nuevo aplazamiento supone un alivio para muchos autónomos y pequeñas empresas que todavía no habían adaptado sus programas de facturación.

Sin embargo, el objetivo de VERIFACTU continúa siendo el mismo: avanzar hacia una facturación más controlada y trazable y reducir el riesgo de manipulación de los registros mediante sistemas informáticos.

Por ello, aunque la obligación se traslade previsiblemente a 2028, es recomendable no dejar la adaptación para el último momento. Contar con un programa actualizado y conocer las nuevas obligaciones permitirá afrontar el cambio de forma progresiva y evitar problemas cuando llegue la fecha definitiva.