La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la nueva normativa de cotización para 2026 ha generado un importante impacto en empresas y trabajadores. El motivo principal es que esta regulación, aunque entró en vigor el 1 de abril, tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero, lo que obliga a rehacer cálculos ya realizados.

Un cambio con efectos retroactivos

La Orden PJC/297/2026 establece las bases de cotización a la Seguridad Social, desempleo, formación profesional y otros conceptos vinculados al empleo. El problema surge porque esta normativa se ha publicado una vez finalizado el primer trimestre del año.

En la práctica, esto significa que durante los meses de enero, febrero y marzo se han aplicado criterios provisionales. Ahora, con las reglas definitivas ya fijadas, las empresas deben ajustar esas nóminas para adaptarlas a la legislación vigente.

Ajustes obligatorios en las cotizaciones

Las cotizaciones correspondientes a enero y febrero, ya abonadas, tendrán que ser corregidas. Aunque la Seguridad Social ha anunciado que realizará parte de esta regularización de forma automática, no todos los casos quedarán cubiertos.

El mayor inconveniente se presenta con el mes de marzo, cuya regularización no está incluida en ese proceso automático. Esto obliga a las empresas y asesorías a recalcular las nóminas manualmente en un plazo muy limitado.

Presión para empresas y asesorías

Este escenario ha generado una elevada carga de trabajo para departamentos de recursos humanos, gestorías y despachos profesionales. La necesidad de rehacer nóminas ya cerradas implica revisar bases de cotización, actualizar importes y presentar liquidaciones complementarias en tiempo récord.

Además, esta situación coincide con otras obligaciones fiscales habituales de estas fechas, lo que incrementa la presión operativa y el riesgo de errores.

Críticas por la falta de previsión

Diversos expertos del ámbito laboral han criticado la publicación tardía de la norma. Señalan que trabajar durante meses sin conocer las bases definitivas genera inseguridad jurídica tanto para empresas como para empleados.

También reclaman una mayor anticipación en la publicación de estas órdenes, ya que este tipo de retrasos no es un hecho aislado, sino que se viene repitiendo en los últimos años.

Un problema recurrente

La aprobación tardía de las normas de cotización se ha convertido en una tendencia reciente. En ejercicios anteriores, estas disposiciones también se publicaron semanas —e incluso meses— después del inicio del año.

Como consecuencia, cada ejercicio se repite el mismo escenario: ajustes posteriores, carga administrativa adicional y dificultades para planificar costes laborales con precisión.