El Congreso de los Diputados ha dado un paso relevante hacia la implantación de un nuevo modelo fiscal para los trabajadores autónomos. Con el respaldo del PSOE, se ha aprobado una proposición no de ley impulsada por Junts que plantea la creación de un régimen de IVA franquiciado para aquellos profesionales cuyos ingresos anuales no superen los 85.000 euros.

Aunque esta iniciativa no tiene carácter vinculante, el apoyo del principal partido del Gobierno apunta a que la medida podría materializarse en los próximos meses. De llevarse a cabo, permitiría a miles de autónomos dejar de incluir el IVA en sus facturas y, por tanto, no tener que ingresarlo a Hacienda.

Una medida enmarcada en la normativa europea

Este sistema no es nuevo en Europa. Se trata de una fórmula contemplada en la normativa comunitaria que busca reducir la carga administrativa y fiscal de pequeños negocios y profesionales con menor volumen de ingresos. De hecho, la mayoría de países de la Unión Europea ya aplican algún tipo de exención similar, aunque con distintos límites de facturación.

En el caso español, la propuesta fija el umbral en 85.000 euros anuales, una cifra que permitiría equiparar el sistema con el de otras economías europeas, si bien cada país adapta este límite a su realidad económica.

Ventajas… y también limitaciones

El principal beneficio para los autónomos que se acojan a este régimen será la simplificación de sus obligaciones fiscales. Al no tener que repercutir IVA, también se reducirán los trámites administrativos asociados a este impuesto.

Sin embargo, esta ventaja tiene una contrapartida importante: quienes opten por este sistema no podrán deducirse el IVA de sus gastos. Por ello, no todos los profesionales saldrán beneficiados. Aquellos con costes elevados o inversiones frecuentes podrían preferir seguir en el régimen general.

Una reivindicación histórica del sector

La implantación del IVA franquiciado ha sido durante años una de las principales demandas del colectivo de autónomos. Organizaciones representativas del sector han valorado positivamente este avance, aunque también han criticado que la medida haya llegado tras presiones políticas y no por iniciativa directa del Ejecutivo.

Según estimaciones de asociaciones de autónomos, cerca de 770.000 trabajadores por cuenta propia podrían acogerse a este sistema. En conjunto, el ahorro en costes administrativos y tiempo de gestión superaría los 500 millones de euros.

Impacto económico y dudas sobre su aplicación

Pese a sus ventajas, la medida también genera preocupación en términos de recaudación. Se calcula que su aplicación podría suponer un coste de alrededor de 650 millones de euros para las arcas públicas, lo que explica en parte la reticencia mostrada hasta ahora por el Ministerio de Hacienda.

Además, todavía no existe un calendario concreto para su puesta en marcha. Será el Gobierno quien deba desarrollar y aprobar finalmente la normativa que permita aplicar este sistema en España.